La CEA formuló las siguientes críticas de fondo a los llamados Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a través de su Comisión Episcopal de Educación Católica, rechazó los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral en las escuelas, recientemente aprobados por el Consejo Federal de Educación, por considerar que su carácter obligatorio “no deja mayor margen de acción a los padres para objetar aquellos contenidos que pudiesen atentar contra sus convicciones religiosas y morales”, y cuestionó que muchos de los aportes hechos por la Iglesia, en el debate previo, “no fueran incluidos” y otros quedaron “sumamente desdibujados, lo cual nos lleva a no compartir planteos y formulaciones de relevancia relacionados con la concepción y la forma como en las escuelas debe ser abordada la educación de la sexualidad”.

Además, advierten los obispos, “la aprobación de los lineamientos curriculares como ‘piso común obligatorio’ para implementar la educación sexual integral en todas las escuelas del país, socava los ámbitos propios de decisión de las instituciones educativas y de las jurisdicciones. No se advierte cómo adaptará cada comunidad educativa los aprendizajes a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, tal como prevé la misma ley sí aquellos, aprobados como pautas comunes obligatorios, los contradicen, debilitan u omiten”.

La CEA formuló las siguientes críticas de fondo a los llamados Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, (Ley Nacional n° 26.150)

1. Omite el ordenamiento de la sexualidad humana al amor, oscureciendo el sentido de la complementariedad física, espiritual y moral del hombre y de la mujer y soslaya la concepción del matrimonio como una opción de vida.

2. Omite el rol de la familia como agente natural y primario de la educación de sus hijos y sus consecuentes derechos, reconocidos en nuestra Constitución y en la ley de Educación Nacional, aunque reconoce la necesidad de su participación. El carácter de obligatoriedad de los lineamentos, no deja mayor margen de acción a los padres para objetar aquellos contenidos que pudiesen atentar contra sus convicciones religiosas y morales.

3. Sobredimensiona el modelo biológico-higienista al proponer como eje prioritario la promoción de la salud en general y reproductiva en particular.

4. Presenta como derecho fundamental de niños/as y adolescentes el acceso a los métodos anticonceptivos y prevé aprendizajes para que los menores hagan exigible ese derecho, sin mencionar que tal derecho se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad, tal como prescribe la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable.

5. Minimiza la dimensión ética de la sexualidad centrada en valores y virtudes morales.

6. Enfatiza el uso único y obligatorio de elementos de prevención para evitar el contagio del HIV-SIDA que, además de ser moralmente objetables, han producido resultados negativos e insuficientes en todo el mundo. Al mismo tiempo, se omite por completo la educación en la abstinencia y en la fidelidad mutua como conductas preventivas del contagio del HIV- SIDA, a pesar de que en la actualidad tienen prioridad para los más destacados especialistas médicos como es de público conocimiento.

7. Concibe la identidad sexual como una construcción socio-histórico-cultural, relegando el hecho de que la persona humana desde su concepción biológica es sexuada, varón o mujer. (n. de la r.: ideología de género).

8. La aprobación de los lineamientos curriculares como “piso común obligatorio” para implementar la educación sexual integral en todas las escuelas del país, socava los ámbitos propios de decisión de las instituciones educativas y de las jurisdicciones. No se advierte cómo adaptará cada comunidad educativa los aprendizajes a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, tal como prevé la misma ley sí aquellos, aprobados como pautas comunes obligatorios, los contradicen, debilitan u omiten.

Por último, los obispos exhortaron a todo cristiano y hombre de buena voluntad, especialmente a padres y educadores, a “asumir la responsabilidad que les cabe en esta instancia”.

Los miembros de la Comisión de Educación Católica de la CEA son: Mons. Guillermo Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca (presidente); Mons. Mario L. Maulión, arzobispo de Paraná; Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata; Mons. Roberto Rodríguez, obispo de La Rioja; Mons. Jorge L. Lona, obispo de San Luis y Mons. Mario Poli, obispo auxiliar de Buenos Aires.